Si la ley no lo prohíbe explícitamente... estamos cubiertos

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha aprobado el nuevo Doctorado en Estudios Ingleses. Pero no es cosa para celebrar, al menos no del todo, porque ese programa instituye criterios abusivos, que han sido objeto de recurso.  El Vicerrector de Ordenación Académica nos aseguró a los recurrentes que se investigaría con mucho cuidado la legalidad del procedimiento, que se respondería al recurso, y que se hablaría de este asunto en Consejo de Gobierno. Si se trató, mucha huella no ha dejado. Y en cuanto al recurso, aún estamos a la espera de una respuesta.

Entretanto, mal me parece que primero la Comisión de Estudios de Postgrado, y luego el Consejo de Gobierno, den su visto bueno a estos criterios sin contar con la garantía legal de que en efecto pueden hacerlo sin incurrir en prevaricación. De esta manera los órganos encargados de velar por la corrección administrativa de los procedimientos se van quitando responsabilidades o enfrentamientos desagradables de encima, que van recaer sobre las espaldas de los profesores afectados por los abusos. Malo será tener que deshacer una decisión del Consejo de Gobierno, llegado el caso. Aunque seguramente se optará por corregir las erratas legales por lo bajini, y sin que trascienda mucho, con lo cual lo mal hecho ya está mal hecho: o sea, que no sólo nuestro Consejo de Departamento, sino la Comisión de Postgrado y el Consejo de Gobierno, habrán aprobado un programa de postgrado con criterios ilegales, y ello a pesar de habérseles hecho notar por adelantado esta circunstancia. Menudo papelón: para cubrirse de gloria. (¿O estará de verdad el pleno de nuestra universidad por la labor de reservar los postgrados a los miembros de equipos de investigación financiados?).

Se demuestra además con esto que si alguien mete la pala del cristiano de entrada, ya lleva mucho terreno ganado por delante, pues ante la duda no se debate académicamente la cuestión, sino que estos cuerpos colegiados se inhiben de opinar hasta la resolución del recurso; de momento se deja hacer, se desconecta el debate, y se buscan garantías jurídicas de que la Universidad no esté actuando ilegalmente. 

Espero que aunque sea por ese triste procedimiento de remitir la decisión al Gabinete Jurídico,  la Universidad vaya bien aconsejada y opte por introducir correcciones en el programa ya aprobado. Atención, Gabinete Jurídico: este asunto va a ir a un contencioso administrativo si no se modifica; así que será mejor que esté todo atado y bien atado. Que sea legal—o sea, que sea un abuso cuya ilegalidad sea difícil de demostrar ante un tribunal.  Con sus vistos buenos, a eso están contribuyendo la Comisión de Postgrado y el Consejo de Gobierno. Por eso están viciadas estas decisiones que dan el visto bueno sin entrar a valorar el tema sometido a recurso: su aprobación de entrada puede ser utilizada luego como un criterio para apoyar la legalidad del procedimiento recurrido, ante un tribunal que procure ser respetuoso y puntilloso con los criterios internos usados por la universidad: y así, pescadilla que se muerde la cola, acaba saliendo adelante la decisión tomada por el corrillo más influyente, y no la más ajustada a derecho.

Pues si esto sale adelante, ya saben, señores profesores: impartir docencia en segundo ciclo o dirigir tesis doctorales, en las universidades públicas, puede impedírseles a los profesores que no tengan en curso un proyecto de investigación financiado por otros organismos.  Habrá que cambiar la redacción de la LOU y, para ajustarla más a la verdad, escribir ahí que "los Profesores Titulares y Catedráticos tendrán plena capacidad docente e investigadora si disponen de financiación adicional". (Con el añadido de que los proyectos del Ministerio están reservados, de modo ya totalmente explícito y descarado, a los "usuarios habituales"). Así iremos construyendo la Universidad que nos disgusta a unos, y les gusta a otros, pasito a pasito.

 

PS: Opinión enviada el lunes al Rincón de Opinión de la Universidad de Zaragoza: 

 Y ahora, el Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno considera que puede ser exigible la pertenencia a grupos de investigación financiados para poder dirigir tesis doctorales en los nuevos postgrados.

Al menos, eso es lo que se desprende de la aprobación que ha dado el Consejo de Gobierno, tras la Comisión de Estudios de Postgrado, al nuevo Doctorado en Estudios Ingleses, contra cuyos criterios de ordenación docente (exigiendo dos sexenios de investigación y la pertenencia a un proyecto financiado para poder dirigir tesis) se había interpuesto recurso.

El recurso está aún por resolver. Entretanto, la Comisión de Estudios de Postgrado y el Consejo de Gobierno han hecho suyos los criterios abusivos de este programa de postgrado, dándole el visto bueno y certificando que a su juicio sí cumple los requisitos exigidos por la Universidad (entrando así en contradicción con la normativa aprobada por el propio Consejo de Gobierno para dirección de Tesis Doctorales).

Quizá sea la manera habitual de proceder ante un asunto sometido a recurso: cerrar filas con el órgano universitario responsable de la decisión recurrida, y darle el visto bueno sin entrar a valorar la cuestión. Y que decida el Gabinete Jurídico. Pero se podría pensar que entre tantos Doctores que tiene esta Iglesia, alguno podría considerarse capacitado para opinar sobre la cuestión. Siquiera sea para rebatir la argumentación presentada por los recurrentes.

Si el Gabinete Jurídico decidiera a favor del recurso presentado, el resultado habrá sido que Comisión de Estudios de Postgrado y Consejo de Gobierno habrán aprobado un programa que no cumple los criterios. Y sin siquiera mirárselo ni discutir el asunto, pese a conocerlo.

Y si sale adelante el programa tal cual, haciendo exigible la participación en proyectos de investigación financiados... ¿no será en parte porque pasa el "filtro" automático de tantos órganos, sin que ninguno entre a opinar sobre la cuestión?

En cualquier caso, una actuación brillante. Y típica, me temo.

 

 

 

PS, años después. En efecto el asunto fue a contencioso administrativo. La Universidad eligió defender la actuación ilegal del Departamento, en lugar de corregirla, y el caso lo perdió espectacularmente, con grandes daños para la moral y coherencia del departamento. Cuando todo se podía haber hecho bien desde el principio, y si no, podía haberlo corregido quien debía, cuando debía.

¿Puede una subvención validar el título de Doctor?